Si
bien hay prácticamente consenso general respecto del daño que las
sucesivas deudas públicas -y posteriores cesaciones de pago- han
ocasionado a nuestro país todos los cañones apuntan hacia la codicia de
nuestros acreedores y al origen de las mismas.
Resulta
llamativo, sin embargo, que ninguna fuerza política de relevancia esté
planteando la necesidad de limitar el poder de nuestros gobernantes para
comprometer los ingresos de los ciudadanos.
Tras
tantas crisis y años de decadencia poco hemos aprendido. Ministerios,
discursos, propaganda, secretarías, universidades, dedicados a intentar
corregir la desigualdad entre Bill Gates y "Pechito" pero a nadie parece
importarle la igualdad ante la ley. Políticos que incrementan sus
patrimonios de manera inexplicable nos piden explicaciones hasta para
comprar divisas; falsean las estadísticas pero no permiten ajustar
balances por inflación, desobedecen a los jueces mientras embisten
implacables ante la más mínima infracción; emiten y gastan
irresponsablemente forzándonos a una disciplina presupuestaria de la que
ellos carecen.
El
debate se encuentra embrollado en un maniqueísmo absurdo. Está bien
prestarle al gobierno si lo hacen Chavez o el BCRA, pero muy mal si son
el FMI o el club de París. El afán de lucro puede ser avaricia de los
empresarios o justicia social para los trabajadores. Perseguir y
penalizar a morosos y evasores es una virtud patriótica en Echegaray
aunque destila imperialismo en el juez Griesa. Los medios oficialistas
recortan archivos "con buena leche" (Sandra Russo dixit), para
mostrarnos cómo los medios monopólicos "desinforman". El principio de
inocencia debe ser respetado para el vicepresidente tanto como la
investidura presidencial, pero distinto es el caso del fiscal
Campagnoli, ciertos periodistas y algún empresario inmobiliario.
Hago
votos para que nuestro flamante Secretario de Coordinación Estratégica
para el Pensamiento Nacional arroje luz sobre este dilema de una buena
vez, así nos dejan por fin, a los ciudadanos tranquilos.
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